La madrugada del pasado martes día 5, el joven Alton Sterling murió tras ser tiroteado por la policía de Louisiana en Estados Unidos, consecuencia de una violenta detención. Alton Sterling, un afroamericano de 37 años que vendía CD’s en la puerta de un supermercado, y que supuestamente tenía un arma que nunca llegó a sacar del bolsillo, fue inmovilizado, esposado y tiroteado en repetidas ocasiones con una pistola por los agentes.
Tan solo 24 horas después, otro chico de raza negra, Philando Castile falleció tras ser abatido por los disparos efectuados por un agente de policía, que lo había detenido porque su vehículo tenía un faro trasero roto en Minnesota. Ambos sucesos quedaron grabados por testigos desde sus teléfonos móviles.
El caso de Alton Sterling y Philando Castile no son los primeros de estas características que han acontecido en Estado Unidos y en el que están implicados agentes de la policía. Todo esto ha encendido nuevas protestas en Dallas y agravado la desconfianza de las minorías hacia las fuerzas policiales. Hasta el momento, ya ha habido cinco policías muertos y seis heridos por francotiradores durante una manifestación en Dallas contra la violencia policial.
¿Qué hubiese sucedido en España?
Este suceso nos hace plantearnos cómo hubiera actuado la policía de España ante un caso similar. En España los límites policiales que regulan este tipo de actuaciones son muy estrictos. A continuación, vamos a ver 5 límites que deben regir las actuaciones de la policía.
Según la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional, serán consideradas infracciones –algunas muy graves y otras graves- entre otras, las siguientes:
El abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos.
La práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos que se encuentren bajo custodia policial.
Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Exhibir armas sin causa justificada, así como utilizarlas en acto de servicio o fuera de él infringiendo las normas que regulan su empleo.
La no prestación de auxilio con urgencia en aquellos hechos o circunstancias graves en que sea obligada su actuación, salvo que constituya delito.
Además, los integrantes del cuerpo policial están sometidos, como cualquier otro ciudadano, a lo previsto en el Código Penal, por lo que en caso de cometer cualquier delito podrían ser condenados con penas agravadas o incurrir en tipos especiales de delitos.
No hay que olvidar, además, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge el derecho básico de los detenidos a ser informados de forma clara, de los derechos que les asisten.
Las normas no pueden impedir que alguien se las salte, pero las consecuencias deben ser graves para aquellos que, abusando de su autoridad, infligen daños o usan la fuerza de manera desproporcionada.
Afortunadamente, en España, contamos con un Cuerpo Nacional de Policía que sujeto a unos estrictos controles, actúa en general con profesionalidad y vocación de auxilio al ciudadano.
Por último, no pasemos por alto que tan importante es exigir a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad el que siempre actúen dentro de los límites legales, como el que los ciudadanos respetemos y alabemos el gran papel que juegan en el mantenimiento de la seguridad, la paz social y el orden público.
Eso sí, nos permitimos desde aquí exigir que los procedimientos de acceso por parte de los ciudadanos a cualquiera de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sea especialmente riguroso. Recordemos que en ellos depositamos nuestra confianza en que, en España, no se produzcan hechos como el que ha ocasionado la muerte de los jóvenes Alton Sterling y Philando Castile en Estados Unidos y en que, cuando se produzcan, la Justicia actúe con contundencia y sin corporativismos.